El dia lunes 1 de Diciembre el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán criticó al sistema judicial argentino al decir que era uno de los más corruptos del mundo ("Irán critica a la Argentina por el caso AMIA"). Esto se produjo pocos días después de que el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, pidiera a Alemania y a Suiza el embargo de cuentas bancarias de Ali Hashemi Rafsanjani y de Mohsen Rezai.
Rafsanjani, Presidente de la República Islámica de Irán entre 1989 y 1997 y actual Presidente del Consejo de Discernimiento, fue acusado por la Argentina de participación en el ataque a la AMIA en julio de 1994, incluso pidió a INTERPOL que librara una "noticia roja", algo que esta organización no apoyó en su reunión de Marrakesh (Marruecos) el 7 de Noviembre de 2007. INTERPOL, por el contrario, si emitió "noticias rojas" para cinco ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés (Imad Mugnieh asesinado por un coche bomba en Damasco en Febrero de 2008).
Los cinco iraníes son: Mohsen Rezai (Jefe de los Pasdaranes entre 1981 y 1997 y actual Secretario del Consejo de Discernimiento), Ali Fallahian (Ministro de Información y Seguridad entre 1989 y 1997 y actual asesor para asuntos de seguridad del Líder Supremo Ali Khamanei, según consta en su página web), Ahmad Vahidi (Jefe de las Fuerzas Quds de los Pasdaranes entre 1989 y 1998 y actual vice ministro de defensa), Mohsen Rabbani (Agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina entre 1991 y 1994) y Ahmad Reza Ashgari (Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina entre 1991 y 1994).
Lamentablemente la investigación del atentado por parte de las autoridades judiciales argentina estuvo llena de errores (voluntarios o no) y hechos de corrupción, tal es así que el juez anterior de la causa, Juan José Galeano, y sus dos fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia, fueron apartados de la causa, destituidos por el consejo de la magistratura y juzgados por delitos varios.
Como muestra de las endebles pruebas que maneja la justicia argentina baste recordar que en Agosto de 2003 fue detenido en Durham (Inglaterra) el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleiman Pour, mientras realizaba sus estudios de doctorado en la Universidad de esa ciudad. En noviembre del mismo año las autoridades británicas debieron liberarlo debido a que la República Argentina no pudo aportar pruebas concluyentes que respalden la acusación de participación en ese hecho.
Como argentinos sabemos que la justicia de nuestro país no es muy confiable y que demasiados hechos de corrupción, conocidos o sospechados, hacen que la ciudadanía confíe poco en el sistema judicial.
El portavoz Qashqavi tiene razón al decir que la justicia argentina es corrupta, apoyándose en el informe de la organización "Transparency International", la República Argentina aparece en la posición número 109 de entre 180 países ordenadosen función de los niveles de corrupción percibidos. No es una posición de la cual uno se pueda sentir muy feliz. Sin embrgo, Qashqavi olvidó señalar que Irán ocupa el puesto número 141 en el mismo informe.
Argentina e Irán deben abandonar esta pelea por el caso AMIA y centrar el problema judicial en términos legales no en términos políticos o retóricos.
Así, de forma clara, la República Argentina debe presentar pruebas concretas de la participación de funcionarios iraníes en dicho ataque, si no las tiene debe decirlo ya que sin pruebas no se puede condenar a nadie. Eso no significa que no deba seguirse investigando (puesto que Canicoba Corral ha determinado que este caso es un caso de lesa humanidad y por lo tanto no prescribirá) sino que debe dejarse de lado un discurso beligerante cuando no hay pruebas.
Si hay pruebas debe juzgarse a los responsables, si no la hay hay que continuar con la investigación. Resulta sorprendente la escasa voluntad de la justicia argentina por brindar pruebas concretas. Ttal vez podemos pensar que no las posee debido a la historia de falta de profesionalidad y de corrupción en la investigación de este caso. En definitiva, una sociedad sin justicia no es una sociedad organizada y debemos recordar que el primer derecho humano a proteger es la vida, es el estado es quien debe proteger a sus ciudadanos en forma debida. Los errores y la omisión no son responsabilidad de terceros.
Argentina e Irán deben resolver este tema de forma seria lo antes posible, de manera bilateral y directa.
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