Se suele decir que Irán es un país complejo, tan complejo como los dibujos de las famosas alfombras persas. La condena a muerte por lapidación por adulterio convive con un país donde las investigaciones en células madres son ampliamente aceptadas.
Creemos necesario realizar una diferenciación entre dos temas relacionados pero distintos. Una cosa es la pena de muerte por delitos de sangre (que se practica en muchos países, incluidos Estados Unidos y Japón) y otra es la lapidación por delitos sexuales de acuerdo a la legislación islámica (Sharia). Además de la República Islámica de Irán, Afganistán, Somalia, Arabia Saudita, Sudán y Nigeria aplican este tipo de penas.
La condena internacional no es por la pena de muerte sino por lo que desde el punto de vista occidental se considera extremadamente cruel, la lapidación, aunque en el caso de la condena a Sakineh Mohammadi Ashtiani se puede ver también como el respeto a los derechos humanos es una temática que suele ligarse a otros intereses. No hace falta ser un especialista para comprender que detrás de esta campaña además de las consideraciones humanitarias ha existido el objetivo de mostrar la “maldad intrínseca” del régimen iraní. No debemos pecar de ingenuos.
Más allá de estas consideraciones en clave maquiavélica, las críticas, no solo las internacionales, apuntan a que el proceso judicial no ha sido suficientemente transparente y hasta entran en consideración otras variables como el hecho de que Ashtiani es étnicamente azerí. En definitiva, todo el mundo entiende que una condena a muerte es temeraria en su aplicación si el juicio ha sido irregular o si han existido motivaciones extrajudiciales.
Este es un tema importante y que debe ser tratado con prudencia para que no pueda ser tachado de injerencia en asuntos internos del otro estado.
Si logramos superar esta crítica, debería prestarse mucha más atención a actitudes que podrían ser consideradas como de “doble rasero” lo cual disminuye sensiblemente la capacidad de influencia ya que el mensaje de respeto a los derechos humanos es percibido como interesado o sujeto a motivaciones políticas.
Debe quedar muy claro que la campaña a favor de Ashtiani no solo se deriva de la oposición a la pena de muerte ya que en este tema habría que considerar con mucha mayor preocupación a China (Amnistía Internacional informa que en 2008 ha habido 1718 ejecuciones, aunque esta cifra podría ser mucho más alta).
El caso Ashtiani genera una atención internacional debido al tipo de condena (lapidación) y a las posibles irregularidades en el proceso judicial. Si eso no queda claro se corre el riesgo de aparecer como preocupados por Irán pero no por los derechos de los iraníes.
Irán, por su parte, que no oculta su voluntad de convertirse en una potencia regional en la región de Medio Oriente, ha sido puesto en una disyuntiva que desafía los argumentos más simplistas sobre su comportamiento. Si por un lado suele decirse que las acciones iraníes están exclusivamente basadas en principios religiosos inamovibles, por otro lado el anuncio de la suspensión provisional de la condena habla de un pragmatismo en el proceso de toma de decisiones.
Las críticas y pedidos de clemencia realizadas desde El Vaticano, Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos y hasta del Parlamento Europeo, entre otros, muestran un creciente aislamiento internacional de Irán. Desde Teherán, debe comprenderse que en los países occidentales la opinión pública suele ser un medio muy eficaz para determinar cuál es la percepción que los ciudadanos se forman de un país.
